Servicios Sociales refuerza el área jurídica

jueves, 19 de febrero de 2015

El Ayuntamiento ha reforzado el gabinete de asesoría legal que posee Servicios Sociales para dar cabida a cuantos casos llegan a sus manos y ofrecer una atención más personalizada si cabe. A la presencia de Gema Mollá en este departamento se suma la del abogado Luis Cáceres, quien se centrará, especialmente, en todo lo referente a la prevención de desahucios y problemas relacionados con el pago de la hipoteca.


El servicio de asesoría legal, que arrancó en el año 2012, abarca un extenso abanico, desde familia hasta menores, pasando por inmigración y mujer. “Asesoramos de manera gratuita a cuantos santapoleros quieran en materias, por ejemplo, como separaciones y casos de custodia, hasta violencia de género”, afirmaba Ana Blasco, concejal de Servicios Sociales.

Blasco explicaba que, desde el equipo de Gobierno, “y tras la ampliación de la asesoría legal en Gran Alacant, hemos observado que hacía falta un refuerzo, sobre todo en materia hipotecaria, por lo que, desde este mes de febrero contamos con la presencia de Luis Cáceres en el departamento, un profesional ampliamente especializado en el tema”.

A nivel estadístico, Blasco aseguraba que “han sido 700 las atenciones realizadas en el año 2014, junto con otras 700 en 2013 y 400 en 2012”, de las cuales han cristalizado, solamente el año pasado, “en que sesenta familias no tengan que abandonar sus casas ante una ejecución hipotecaria”.

Por su parte, Luis Cáceres explicaba que “viendo tal volumen de atenciones, acompañamientos y acciones, Servicios Sociales decidió dedicar un abogado en exclusiva al área”. Tanto Cáceres como Mollá destacaban que es “de gran importancia el que acudan a nosotros antes de que el proceso llegue a una fase crítica, puesto que nuestro nivel de acción es mucho mayor”.

Preguntados sobre cuándo es el momento más adecuado, ambos coincidieron en afirmar que “justo antes de ver que el mes que viene no se va a poder hacer frente al pago de la letra”. Apuntaba que la prevención es clave en estos casos, “porque los bancos están dispuestos a negociar refinanciaciones e, incluso, dación en pago con un alquiler social. Pero siempre el margen será mayor antes de un impago, puesto que, a raíz del mismo, éste conlleva gastos a los bancos que, a su vez, querrán recuperarlos”.

En primer lugar, el servicios de asesoría jurídica realizará un estudio de la hipoteca y revisará toda la documentación. “En segundo lugar”, apuntaron, “les acompañamos en todo el proceso para poder obtener un abogado de oficio y realizar, si es necesario, la reclamación hipotecaria correspondiente. Por otro lado, también negociamos con el banco la reestructuración de la deuda y, en última instancia, la dación en pago. Nuestro objetivo es buscar una refinanciación en las mejores condiciones posibles, pero cada familia tiene una situación completamente distinta, a la cual hay que atender de forma personalizada”.

Cáceres destacaba la labor de coordinación de la asesoría jurídica con el resto de profesionales del departamento de Servicios Sociales, “con el fin de crear toda una red de atención y seguridad a través de todos nuestros recursos”.

Por su parte, Ana Blasco destacaba la implicación de éstos profesionales, “que va mucho más allá. Desde personarse en la misma vivienda tras haber conseguido paralizar un alzamiento (desahucio) el día anterior, no sea que los papeles un hubiesen llegado al juzgado hasta personarse personalmente en éste”. No quería olvidarse la edil de la importancia de la figura de ese asesoramiento, “ese puente entre el afectado y su abogado de oficio. Nosotros aclaramos términos, nos coordinamos con su abogado para que tenga la mejor defensa posible e intentamos siempre que exista la mejor de las comunicaciones, siempre bajo la bandera de la comprensión, el acompañamiento y el apoyo al ciudadano”.