El
Ayuntamiento ha reforzado el gabinete de asesoría legal que posee
Servicios Sociales para dar cabida a cuantos casos llegan a sus manos
y ofrecer una atención más personalizada si cabe. A la presencia de
Gema Mollá en este departamento se suma la del abogado Luis Cáceres,
quien se centrará, especialmente, en todo lo referente a la
prevención de desahucios y problemas relacionados con el pago de la
hipoteca.
El
servicio de asesoría legal, que arrancó en el año 2012, abarca un
extenso abanico, desde familia hasta menores, pasando por inmigración
y mujer. “Asesoramos de manera gratuita a cuantos santapoleros
quieran en materias, por ejemplo, como separaciones y casos de
custodia, hasta violencia de género”, afirmaba Ana Blasco,
concejal de Servicios Sociales.
Blasco
explicaba que, desde el equipo de Gobierno, “y tras la ampliación
de la asesoría legal en Gran Alacant, hemos observado que hacía
falta un refuerzo, sobre todo en materia hipotecaria, por lo que,
desde este mes de febrero contamos con la presencia de Luis Cáceres
en el departamento, un profesional ampliamente especializado en el
tema”.
A
nivel estadístico, Blasco aseguraba que “han sido 700 las
atenciones realizadas en el año 2014, junto con otras 700 en 2013 y
400 en 2012”, de las cuales han cristalizado, solamente el año
pasado, “en que sesenta familias no tengan que abandonar sus casas
ante una ejecución hipotecaria”.
Por
su parte, Luis Cáceres explicaba que “viendo tal volumen de
atenciones, acompañamientos y acciones, Servicios Sociales decidió
dedicar un abogado en exclusiva al área”. Tanto Cáceres como
Mollá destacaban que es “de gran importancia el que acudan a
nosotros antes de que el proceso llegue a una fase crítica, puesto
que nuestro nivel de acción es mucho mayor”.
Preguntados
sobre cuándo es el momento más adecuado, ambos coincidieron en
afirmar que “justo antes de ver que el mes que viene no se va a
poder hacer frente al pago de la letra”. Apuntaba que la prevención
es clave en estos casos, “porque los bancos están dispuestos a
negociar refinanciaciones e, incluso, dación en pago con un alquiler
social. Pero siempre el margen será mayor antes de un impago, puesto
que, a raíz del mismo, éste conlleva gastos a los bancos que, a su
vez, querrán recuperarlos”.
En
primer lugar, el servicios de asesoría jurídica realizará un
estudio de la hipoteca y revisará toda la documentación. “En
segundo lugar”, apuntaron, “les acompañamos en todo el proceso
para poder obtener un abogado de oficio y realizar, si es necesario,
la reclamación hipotecaria correspondiente. Por otro lado, también
negociamos con el banco la reestructuración de la deuda y, en última
instancia, la dación en pago. Nuestro objetivo es buscar una
refinanciación en las mejores condiciones posibles, pero cada
familia tiene una situación completamente distinta, a la cual hay
que atender de forma personalizada”.
Cáceres
destacaba la labor de coordinación de la asesoría jurídica con el
resto de profesionales del departamento de Servicios Sociales, “con
el fin de crear toda una red de atención y seguridad a través de
todos nuestros recursos”.
Por
su parte, Ana Blasco destacaba la implicación de éstos
profesionales, “que va mucho más allá. Desde personarse en la
misma vivienda tras haber conseguido paralizar un alzamiento
(desahucio) el día anterior, no sea que los papeles un hubiesen
llegado al juzgado hasta personarse personalmente en éste”. No
quería olvidarse la edil de la importancia de la figura de ese
asesoramiento, “ese puente entre el afectado y su abogado de
oficio. Nosotros aclaramos términos, nos coordinamos con su abogado
para que tenga la mejor defensa posible e intentamos siempre que
exista la mejor de las comunicaciones, siempre bajo la bandera de la
comprensión, el acompañamiento y el apoyo al ciudadano”.
