Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Pola
Hace poco más de un mes me permití reflexionar a través de los medios de comunicación con una tribuna titulada “El agua es vida” en la que comparaba la vital importancia del agua para nuestro territorio, de la misma forma que la sangre riega todo nuestro cuerpo haciéndolo funcionar. La sangre nos hace vivir individualmente, pero el agua que se nos niega nos hace vivir colectivamente como sociedad.
Para mí ha supuesto una profunda decepción comprobar cómo la comisión encargada de dictaminar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha demostró ayer su total falta de solidaridad y de visión de estado al aprobar la enmienda introducida en el preámbulo por el PSOE y que estima necesaria una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos que supondrá, con toda seguridad, el finiquito al Trasvase Tajo-Segura que da de beber a Santa Pola y, por ende, a toda nuestra provincia, además de la Comunidad de Murcia y la provincia de Almería.
No contentos con ello, la disposición transitoria primera que se ha incluido en el estatuto también da la potestad a la Planificación Hidrológica de la cuenca del Tajo de “concretar la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río a su paso por Castilla-La Mancha, así como para atender las necesidades presentes y futuras de esta región”, y exige que “la Junta sea informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia” para emitir su informe, lo que a mi entender cierra el grifo a cualquier posibilidad de trasvase entre el Tajo y el Segura.
Es decir, que sólo Castilla-La Mancha puede decidir si el agua del Tajo nos volverá a dar de beber a los alicantinos, dejando de ser una cuestión de estado por culpa de la política del PSOE, empecinado en que el significado de España como país siga cediendo terreno ante las demandas puramente políticas de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas.
Creo que la única forma de parar este desaguisado es sentarse todos juntos para consensuar una ley que sirva de paraguas a todo el territorio nacional y que nos permita a todos los españoles, pensemos lo que pensemos y seamos como seamos, disfrutar del derecho a ese bien común que sin duda aliviará también en gran parte la sangría del paro, porque no olvidemos que el agua es generadora de riqueza y, por tanto, de empleo.
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santa Pola ha convocado un pleno extraordinario para hoy viernes a las 18:30 horas. La propuesta que va a llevar el PP va a ser la negativa rotunda a este informe de la comisión por entender que atenta contra los intereses generales del pueblo de Santa Pola y de la Comunidad Valenciana , esperando que los grupos de la oposición se unan a esa negativa.
Al mismo tiempo Miguel Zaragoza y el PP de Santa Pola quieren hacerle llegar un mensaje a la comunidad de regantes: estamos a su lado como no podía ser de otra forma, ya que lo que es bueno para ellos, es bueno para nosotros. El sector agrario es de vital importancia para la economía de la Comunidad Valenciana y da trabajo a un gran colectivo de profesionales del campo, y tampoco se debe olvidar la necesidad del agua para nuestras industrias, entre las cuales destaca de forma importantísima el turismo.
Lo que sí deberían hacer los responsables nacionales es establecer normas para que el consumo del agua sea razonable y razonado, y como ejemplo vamos a poner a Santa Pola: con 10.000 habitantes más, consumimos un 15% menos de agua, gracias a los buenos hábitos de ahorro de nuestros vecinos y de la gran inversión que desde el Ayuntamiento se ha realizado en infraestructura hídrica por un valor de 31,5 millones de euros en los últimos seis años.
Señores, el agua es un bien natural, su política de distribución debe ser competencia nacional y ni una sola de las comunidades debe intentar hacerse propietario de ella. Y desde aquí hago un llamamiento a todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana , de la Comunidad Murciana y, por qué no, a todos los de España, sea cual sea su ideología política para que defiendan los intereses generales y no los particulares o partidistas, ya que el ciudadano debe estar por encima de las siglas políticas.
