Juan José Amador Torres, concejal de Mercadillos del Ayuntamiento de Santa Pola, ha manifestado que se muestra “muy satisfecho con el trabajo que se está llevando a cabo por la Dirección General de Comercio para conseguir la mejor adaptación posible de la normativa valenciana a la Directiva de Servicios y su posterior traslado a las normas locales”.
El Ayuntamiento de Santa Pola es consciente del esfuerzo que el departamento que dirige Silvia Ordiñaga Rigo, directora general de Comercio y Consumo, viene realizando desde hace tiempo para aunar los intereses del sector de vendedores ambulantes con las necesidades de los ayuntamientos valencianos, al objeto de que la venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana se pueda realizar con las máximas garantías posibles para todas las partes implicadas, y en especial, para que los vendedores ambulantes de la Comunitat Valenciana.
Desde hace varios meses, esta concejalía viene manteniendo encuentros con la directora general de Comercio. Como uno de los resultados de estas reuniones, el consistorio santapolero, a través de un acuerdo de su Pleno Municipal, ha transmitido a la Conselleria de Industria y Comercio su voluntad de proteger los intereses de sus vendedores a través de la futura normativa local de venta no sedentaria.
En este sentido, este Ayuntamiento quiere recalcar que todos los compromisos que hasta la fecha han adquirido con los vendedores ambulantes, tanto la directora general de comercio como el propio Ayuntamiento, han sido puntualmente cumplidos por todos.
Hasta la fecha, el diálogo con todas las administraciones está siendo muy positivo. Así, en la recientemente aprobada Ley de Comercio ya se recoge la posibilidad de que las autorizaciones de venta sean renovables. Por la parte municipal, son muchos los municipios que, a través de sus Plenos, le han pedido a la Consellería de Comercio que “proceda a efectuar las modificaciones normativas pertinentes que faciliten la continuidad de los comerciantes no sedentarios existentes en los mercadillos y se regule en el sentido de poder conceder las autorizaciones por el plazo de duración más amplio posible”.
Así lo ha recogido la directora general de Comercio, quien, tras esta petición de los Ayuntamientos, está estudiando la posibilidad de incluir en la nueva normativa valenciana algún tipo de disposición legal que permita a los ayuntamientos prorrogar las autorizaciones que estén en vigor en ese momento. De esta manera, los vendedores actuales podrán tener la certeza de seguir en sus puestos tantos años como finalmente se determinen para la duración de las autorizaciones. Esta concejalía le ha pedido expresamente a la directora general que la duración inicial de las autorizaciones no sea inferior a 8 años, con la posibilidad de prórroga al final de ese período.
A diferencia de otras comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana se está buscando el máximo consenso entre los vendedores y los ayuntamientos para desarrollar una normativa que no enfrente a los vendedores con los ayuntamientos, a fin de mejorar sus condiciones de trabajo.
En esa línea, la Concejalía de Mercadillos del Ayuntamiento de Santa Pola va a seguir trabajando con la Conselleria de Comercio y con otros ayuntamientos valencianos para que, dentro del consenso y las buenas relaciones que se han forjado en estos últimos meses, adaptemos las normas a las exigencias de la Directiva de Servicios que, no debemos olvidar, las impone la legislación estatal y no la autonómica.
Desde el Ayuntamiento de Santa Pola se quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los vendedores ya que las negociaciones siguen abiertas y desde el consistorio se tiene claro que se va a seguir reclamando las mayores condiciones de estabilidad al sector y la mayor duración posible de las autorizaciones, siempre dentro de los márgenes legales marcados por el Ministerio de Comercio.
Juan José Amador Torres no comparte la posición de confrontación que mantienen otros sectores de la profesión contra las administraciones públicas valencianas, ya que hasta el momento la administración local y autonómica han demostrado, y con hechos, que están apoyando al vendedor ambulante, y siempre dentro de los márgenes marcados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No se entiende que haya personas ajenas al sector más interesadas en crispar el ambiente, enfrentando a todas las partes y divulgando información errónea, que en trabajar a favor del vendedor, que es para lo que nos han elegido como sus representantes políticos.
