Lola Gadea, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Pola, ha comunicado que “El Tribunal Supremo ha emitido con fecha 15 de febrero de 2011 una sentencia mediante la cual da la razón al Ayuntamiento de Santa Pola al inadmitir el recurso de casación interpuesto por María Lafuente y otros concejales del Grupo Municipal Socialista de la pasada legislatura, contra la sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de enero de 2007 que daba la razón al Ayuntamiento por la suscripción de convenios urbanísticos referentes al sector CJ-5. El fallo del Tribunal Supremo desmonta la argumentación del Grupo Municipal Socialista y les condena al pago de las costas.
El Grupo Municipal Socialista esgrimía la teoría de que la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana era inválida por no ser competencia suya, sino del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La sentencia del Supremo desmonta su argumentación y deja claro que el TSJ era competente no solo para dictar, sino también para revisar las decisiones tomadas.
El Supremo dice literalmente que “este recurso de casación es inadmisible” y que “no puede sostenerse que la sentencia incurra en invalidez, cuando la Sala de instancia era plenamente competente para revisar en todos sus aspectos la que hubiera dictado el Juzgado de lo Contencioso”, y da un tirón de orejas a la Sra. Lafuente y su Grupo añadiendo “razones de economía procesal, que aconsejan evitar la remisión de las actuaciones al Juzgado cuando ha conocido de ellas la Sala que es competente para resolver la apelación”.
De la sentencia se desprende que los socialistas están mareando la perdiz con este asunto y que, una vez que se ha pronunciado el TSJ, sabían perfectamente que no cabía recurso de casación.
María Lafuente y su grupo intentaron engañar a los santapoleros diciendo que este equipo de gobierno actúa ilícitamente, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar, y con esta sentencia definitiva se demuestra la gestión absolutamente legal de este equipo de gobierno al negociar unos convenios urbanísticos que han permitido crear una mayor zona de protección entre el espacio natural del Clot de Galvany y las parcelas edificables del CJ-5, que amplía con creces el colchón verde que había planificado el anterior gobierno socialista y que ha generado ingresos para el municipio manteniendo la misma edificabilidad.