Hoy,
11 de marzo de 2015, se ha dado un paso más hacia la ayuda efectiva
a aquellas familias que corren el riesgo de perder su vivienda. Se
trata de una fecha histórica en la gestión municipal cuyo preludio
fue la declaración de Santa Pola como 'Zona Libre de Deshaucios' en
la sesión plenaria del pasado enero.
Así,
como plasmación efectiva de lo s compromisos adoptados en el Salón
del Plenos del Ayuntamiento, ha tenido lugar la primera reunión
entre miembros de los grupos políticos con representación municipal
(Joaquín Sempere, por el PSOE; Federico Zaragoza, por Compromís; y
Ana Tapia, por Esquerra Unida), representantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), Cáritas, Cruz Roja; Servicios
Sociales, representado por sus abogados y la concejal del área, Ana
Blasco, y el alcalde de la localidad, Miguel Zaragoza.
El
primer edil y sus interlocutores estuvieron de acuerdo en obrar
conforme a dos líneas de actuación: “evaluar la inmediatez de las
necesidades y solucionar los problemas de manera rápida y efectiva”.
En
la primera de más reuniones de periodicidad mensual, se han puesto
sobre el tapete las acciones concretas que realizan Cáritas, Cruz
Roja, la PAH y Servicios Sociales para paliar y solucionar la
situación de las familias que sufren de exclusión social. A partir
de ese punto, se establecerá una línea de trabajo común y
conjunta.
Una
labor unificada que refleja “un objetivo común: el servicio al
ciudadano”, en palabras de Zaragoza, así como “la sensibilidad
de todos los actores implicados independientemente de su color
político”, lo cual supone un triunfo de la democracia.
Las
reuniones han comenzado con lo que Zaragoza define como un “apoyo
sin fisuras de todos los reunidos hoy aquí a las acciones
emprendidas como muestra del apoyo incondicional a la sociedad
civil”.
La
celebración de estas reuniones mensuales se complementa con las
reuniones de los técnicos implicados de Servicios Sociales con
periodicidad semanal para evaluar los casos concretos.
El
mensaje al ciudadano con problemas de impagos, con cláusulas que
contemplen daciones en pago, con riesgo de pérdida de su vivienda...
fue también unánime. A saber, el de acudir a cualquiera de los
órganos miembros de esta reunión “con el fin de que problema no
se demore, no se enquiste ni se acreciente con el tiempo”.
A
este respecto y con el fin de evitar que el ciudadano sienta reparos
a la hora de pedir ayuda, Ana Blasco recordaba que, en lo que a su
área compete, “los problemas se tratan de manera profesional y
efectiva y, además, se garantiza total privacidad y anonimato, al
igual que Cáritas, Cruz Roja o la PAH.
Para
la creación de un registro de viviendas sociales, ya han comenzado
las conversaciones con las entidades bancarias de la localidad y con
los responsables inmobiliarios. El fin último es el de “crear un
parque de viviendas a disposición de los ciudadanos con este tipo de
problemas”, aclaraba Zaragoza. De hecho, bancos y cajas se han
mostrado “sensibles ante las necesidades de los ciudadanos y han
dado una respuesta esperanzadora para que el alquiler social sea una
realidad”.
La
moción de aquel Pleno de enero, aprobada por unanimidad, estipulaba
que el Departamento de Servicios Sociales continuara con la
elaboración de un protocolo municipal en el que se establezca, como
mínimo, el registro de solicitudes de personas o familiares que
requieren ayuda de alquiler social, y también reestudiar el baremo
de alquiler social existente, con el fin de que sea lo más favorable
posible para el ciudadano afectado.
La
representante de Cruz Roja Santa Pola, Vanessa Agulló, reconocía la
estrecha coordinación de la entidad que encarna con Servicios
Sociales, cuyas ayudas son un avance importante. Por su parte, Laura
Camacho, desde Cáritas, reseñaba que “desde Cáritas están a
disposición de los ciudadanos”.
