La
corporación municipal de Santa Pola ha aprobado en sesión plenaria apoyar el
Proyecto de Ley de protección a los deudores hipotecarios que tramita el
Gobierno de la Nación. Sela Generalitat
Valenciana
Texto de la
enmienda a la totalidad aprobada:
D. Jorge Perelló Almiñana, Sr. Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular del Ayuntamiento de Santa Pola, presenta de acuerdo con el
artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, la siguiente ENMIENDA total de la propuesta de
resolución presentada por los Sres. Concejales, D. Joaquín Sempere González,
Dª. Yolanda Seva Ruiz, D. Augusto Soler Cortes, Dª. María Lafuente García y D.
Francisco Martínez Martínez, relativa a la Función Socialla Vivienda en la Comunidad Valenciana.
La
propuesta presentada por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista de
este Ayuntamiento, en uno de sus apartados, insta a la elaboración de normas
que regulen la posibilidad de expropiar temporalmente a los bancos aquellas
viviendas que se encuentren inmersas en procedimientos de desahucio a familias
que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social o de extrema
necesidad para que puedan ser ocupadas temporalmente en arrendamiento.
El Grupo
Municipal Popular considera que la puesta en marcha de la figura de la
“expropiación” puede suscitar grandes debates de carácter jurídico y, al mismo
tiempo, se trataría de una privación en
masa de derechos que no representaría más que un incentivo negativo para
paliar una situación a la que, por otros cauces y de otros modos, podría darse
solución planteando soluciones desde una perspectiva positiva y de consenso.
Articular una expropiación en masa de viviendas a entidades financieras podría
traducirse en una situación de inseguridad jurídica que, vista desde el
exterior del territorio nacional, podría suponer un freno a la voluntad de
inversión, algo que en ninguna medida nos beneficia.
El Grupo
Municipal Popular es consciente de que la propuesta presentada por el PSOE
persigue objetivos y medidas positivas para aquellas familias que se encuentran
en una situación personal, familiar, laboral y económica muy complicada; pero,
al mismo tiempo, el Grupo Municipal Socialista debe ser consciente y admitir
que en pro de estas medidas el Partido Popular ya está actuando.
Un ejemplo
de esto último son las medidas que se contemplan en el Proyecto de Ley para la
protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social:
Suspensión de lanzamientos durante dos años desde la entrada
en vigor de esta ley para casos de especial vulnerabilidad social y
circunstancias económicas adversas (algo que puede hacer las veces de la
expropiación que propone al PSOE pero sin el revestimiento de negatividad que
ésta supone)
Supuestos de especial vulnerabilidad: familia numerosa:
unidad monoparental con dos hijos; unidad familiar con menor de tres años; con
miembro con discapacidad, dependencia o enfermedades graves; deudor hipotecario
en desempleo; o cuando exista algún
miembro víctima de violencia de género.
Empeoramiento sustancial de las circunstancias económicas:
la carga hipotecaria sobre la renta familiar se debe haber multiplicado por 1,5
veces y la cuota hipotecaria debe ser superior al 50 por ciento de los ingresos
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad
familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, salvo que haya un discapacitado o dependiente en la unidad
familiar caso en el que el límite se amplía hasta cuatro veces el IPREM, e
incluso hasta cinco veces para los casos más graves.
Se crea un nivel de protección adicional para quienes,
cumpliendo los requisitos de suspensión de los lanzamientos judiciales, habiten
viviendas por debajo de ciertos límites de precio.
Las entidades financieras tendrán la obligación de
reestructuras la deuda hipotecaria.
En caso de que las medidas de reestructuración no sean
viables, se podrá admitir la dación en pago de la vivienda habitual.
Se permitirá al deudor permanecer durante dos años en la
vivienda como arrendatario.
Medidas para la mejora del mercado hipotecario:
Se amplía a tres meses el plazo de impago de la hipoteca
para que se ponga en marcha la ejecución.
Se limitan los intereses de demora a tres veces el interés
legal del dinero.
Se faculta al juez para detener el proceso de ejecución por
la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca (cumpliendo con la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ).
Se establece que el valor de tasación para la subasta no
pueda ser menor del 75 por ciento del valor de tasación en la escritura. Se
incrementa hasta el 70 por ciento el porcentaje de deuda que cancela la
adjudicación.
No se permite la capitalización de intereses: los intereses
de la deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán a sus
intereses.
Se establece una quita por pronto pago para los ejecutados
con deudas pendientes: descuento del 35 por ciento cuando el pago se realice
dentro de los 5 años siguientes y del 20 por ciento cuando se realice en 10
años. Si en los diez años siguientes el acreedor al vender la vivienda del
ejecutado obtiene una plusvalía, se reduciría la deuda por valor del 50 por
ciento de dicha plusvalía.
Se establece un Fondo de Alquiler Social que cuenta con
6.000 viviendas disponibles a precios asequibles, entre 150 y 400 euros.
Esta proposición de ley es un paso de gigante para proteger a decenas de miles de
familias en riesgo de perder su vivienda. Según datos recientes, estas medidas
pueden llegar a proteger a más de 120.000 familias. El Partido Popular y el
Gobierno demuestran con este texto su preocupación por los más vulnerables y
por los que más están sufriendo esta crisis.
También demuestran su coherencia, algo que no pueden decir
todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, en la anterior legislatura se
estudiaron en el Congreso iniciativas relacionadas con la dación en pago y el
PSOE no las apoyó, algo que sí hace ahora en la oposición. Es lamentable que
haya partidos políticos que traten de instrumentalizar una iniciativa y una
preocupación popular. El PP y el Gobierno han buscado una solución equilibrada
para, por un lado, proteger a personas que se encuentran en una situación
vulnerable y, por otro, garantizar que los ciudadanos que quieran puedan
acceder a una vivienda en condiciones similares a las que tuvieron otros.
A nivel de
nuestra Comunidad Autónoma, la Comunitat ha sido
pionera en hacer políticas de vivienda destinadas a personas en riesgo de
exclusión o víctimas de desahucios y ya existe en marcha un Plan de
Arrendamiento Social así como acuerdos con entidades bancarias que cedan
viviendas a personas con necesidad. También está prevista la firma de un
convenio con el CGPJ y la FVMP
para actuar ante la ejecución de un desahucio y que nadie pase una noche sin
vivienda.
Por la
parte que nos corresponde, desde el Ayuntamiento de Santa Pola y, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, se están llevando a cabo actuaciones encaminadas a conveniar con
entidades bancarias la aceptación de la vivienda como pago de la deuda no sólo
hipotecaria sino también con la totalidad de las deudas que el interesado pueda
mantener; así como los arrendamientos de tipo social.
El Grupo
Municipal Popular considera que mostrar su apoyo a la propuesta socialista
puede suponer dar un paso hacia una situación cuyos resultados son inciertos.
Consideramos que actuar desde el consenso, de la puesta en común y de la
coherencia es lo que debe primar en estos momentos. No olvidemos que antes de
presentar las propuestas que ahora presenta, el PSOE ha votado muchas veces en
contra de la dación en pago que ahora, curiosamente, exige y se opone a medidas
que son las que realmente pueden frenar los tan desagradables desahucios. De
hecho, si tiramos de hemeroteca pueden encontrarse declaraciones en prensa
efectuadas por algunos dirigentes socialistas como, por ejemplo, la ex Ministra
Dª Carmen Chacón, en este sentido: “Vamos a agilizar los desahucios creando
diez juzgados para los desalojos exprés” (28 de septiembre de 2007).
Uno de cada
cuatro españoles desahuciados de su primera vivienda están gobernados por el
gobierno social-comunista de Andalucía. Parece como si el PSOE hubiera pasado
de improvisar desahucios a improvisar expropiaciones en Andalucía. Precisamente
en esta Comunidad sólo se benefician de la dación en pago el 34% de los
desahucios, frente al 42% en la Comunidad
Valenciana
Por todo lo
expuesto y, como enmienda total, se propone al Pleno de la Corporación el
siguiente acuerdo:
Primero.-Mostrar
el apoyo del ayuntamiento de Santa Pola a la Proposición de Ley
presentada por el Partido Popular .
Segundo.-
Solicitar al Presidente del Gobierno y
de la Generalitat
Valenciana que continúen estudiando y poniendo en practica
cuantas medidas legales sean precisas para apoyar a todas y cada una de las
familias que se ven desalojadas de sus viviendas no queden endeudadas de por vida, en estos
momentos tan duros para toda estas
familias en particular y para toda la sociedad española en general.
Tercero.-
Solicitar a la FEMP
y a la FVMP que
emanen directrices de acciones concretas frente a los desahucios y que estas
lleguen a todos los municipios de la comunidad valenciana y del resto de España
con el fin de unificar criterios y establecer un frente común para evitar que
las familias queden en desamparo jurídico, administrativo o social
Cuarto.-
Remitir el presente acuerdo al Presidente del Gobierno De España al Presidente
de la Generalitat
Valencianala
FEMP Y
En Santa Pola,
26 de abril de 2013.
Fdo.: D. Jorge Perelló Almiñana
