El pasado viernes 4 de febrero tuvo lugar la reunión del Órgano Gestor de Playas del Ayuntamiento de Santa Pola con objeto de dar cuenta de los acuerdos adoptados por la dirección para la planificación de la próxima temporada estival 2011, así como las acciones y proyectos derivadas de la misma.
Cabe señalar la gran implicación de los miembros asistentes y entre las mejoras acordadas para esta temporada destacan la aplicación de fórmulas para acercar la administración al ciudadano, para agilizar los trámites en cuanto a roturas de elementos, así como la actualización de las ordenanzas de uso y aprovechamiento de las playas, todo ello encaminado a incrementar la satisfacción de los usuarios.
En dicha reunión se concretaron nuevos responsables de procesos, así como algún cambio de mejora en los mismos, destacando el acuerdo de constituir un equipo de trabajo con el fin de disponer de una propuesta de organización y mejora de la oferta de servicios que cada año se ofrece a la población y sus visitantes.
Por otro lado, se presentó a los miembros del OGP la herramienta informática Softcalidad de playas diseñada para mejorar de forma sustancial cualquier sistema de gestión, como es el caso de playas, basado en las normas UNE-EN ISO 9001 y 14001.
Se espera que en breve la ADL pueda adaptar los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental a la nueva herramienta. Una de las ventajas más sobresalientes de la misma es la facilidad para la transferencia de datos y comunicaciones on-line, archivo de documentos y la no utilización de papel, cumpliendo con los requisitos de control documental y de registros según normas de referencia.
En otro orden de cosas, también se dio cuenta a los miembros del Órgano Gestor de Playas de la voluntad de los actuales representantes de la Alta Dirección de trabajar y aprobar próximamente la misión y visión de la Concejalía de Playas, que pasaría a ser la política de la organización, así como de la reciente aprobación del cambio de objetivos por el establecimiento de ejes y líneas estratégicas, que deberían tener una vigencia mínima de legislatura, pasando los objetivos y sus indicadores a ser un instrumento anual para la buena gestión de las playas en función de la situación de cada momento y los recursos disponibles.
